El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se muestra como el más eficaz ariete para demoler, piedra a piedra, el sistema público de pensiones que, en teoría, está encargado de proteger y administrar. Ayer, nuevamente sembró la alarma recomendando a los españoles que contratasen "con urgencia" un plan de pensiones privado porque el sistema público "no es infinito, y menos ahora".
Se desconoce la cuantía de las comisiones o contraprestaciones de todo tipo que los bancos y aseguradoras podrían pagar a Burgos por su trabajo sistemático de demolición del sistema público de pensiones. Pero, por desgracia, tampoco se ha anunciado su cese inmediato ni se ha producido un desmentido oficial que niegue los rumores infundados y calme la angustia que millones de pensionistas reciben cada vez que este alto cargo del PP abre la boca.
Y no es la primera vez. Ni mucho menos. En Diario Progresista nos hemos hecho eco indignado de sus sucesivas andanadas en contra de lo público desde prácticamente el mismo momento de su nombramiento.
Estrategia deliberada
Con las tarjetas de visita de su nuevo cargo todavía chorreando tinta, Tomás Burgos, proclamaba el día 3 de enero, con cierto aire de satisfacción y una sonrisa mal disimulada en la boca, que el sistema público de pensiones “presumiblemente” ya había entrado en déficit, y se permitía todo tipo de proyecciones catastrofistas convirtiendo en estructural una cifra de paro y de trabajadores activos claramente coyuntural como es la actual, en plena crisis. Este atrevimiento indocumentado, pero no inocente ni gratuito, ya mereció el reproche de los sindicatos.
Al mes siguiente, -concretamente el 2 de febrero-demostrando que sus primeras palabras no eran fruto de su impericia para gestionar las responsabilidades que le habían sido confiadas sino fruto de una meditada estrategia, se permitió –gratuitamente- afirmar que “todavía” quedaba dinero para pagar las pensiones, algo que no se podía afirmar a medio plazo. Astracanada que justificó la ira del BNG en el Congreso y una petición de comparecencia.
Ayer, Tomás Burgos comienza a enseñar la patita y a demostrar, en realidad, para quien trabaja. En unas jornadas empresariales, ha declarado que el sistema público de pensiones "no tiene capacidad infinita", menos aún en el actual contexto de caída de las afiliaciones, por lo que los ciudadanos "tienen que asumir más responsabilidad personal" respecto a su ahorro para la jubilación a través de planes privados, y lo tienen que hacer "de la forma más temprana y planificada posible".
Dinero público, negocio privado
En este sentido, ha expresado la “firme voluntad” de su Gobierno de drenar todos los impuestos que sea preciso –por la vía de las ventajas fiscales- para mejorar el atractivo de estos planes privados, así como facilitar que las PYMES puedan también montar sus propios chiringuitos de jubilación, convenientemente gestionados y comisionados por la banca y las grandes empresas de seguros.
Según Burgos, pese a la evolución negativa de la afiliación, se ha producido un "insuficiente" –para sus objetivos de negocio- grado de desarrollo de estos vehículos de ahorro que "obliga a seguir tomando decisiones", entre las que apostó, fundamentalmente, por nuevos incentivos fiscales.
El secretario de Estado de Seguridad Social es de los pocas personas que no considera que estos incentivos fiscales supongan una desviación de recursos al sector privado ni una "parasitación" del sistema público, puesto que equivalen a menos del 1% del presupuesto de la Seguridad Social.
Igualmente, Burgos ha asegurado que los planes de pensiones privados "no compiten con el sistema público", entre otras cosas, porque el 95% de las pensiones son costeadas por el sistema.
Al cierre de esta edición, Tomás Burgos seguía gestionando un sistema público de pensiones en el que no cree, puesto que ningún responsable del PP le había cesado ni había desmentido sus falacias ni sus campañas de descrédito de este sistema de previsión básico para la cohesión y la justicia social de este país.
Fuente: DiarioProgresista.es
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